miércoles, 15 de noviembre de 2017

LA ULTIMA GRABACIÓN DE LEZO

Yo concurse a la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.  Creí que podía competir con mi curriculum para ese puesto.  No puedo sin embargo competir con el dopaje político, tan ligado a la corrupción.  Las últimas grabaciones hechas públicas sobre las recomendaciones que el expresidente del Gobierno Aznar y el ex ministro Zaplana realizan a través del expresidente de la Comunidad de Madrid (antes de que ingresara en prisión) para que el Ministro de Justicia "asegurara" en el puesto al actual portavoz de la AF, evidencian las cosas que ocurren en esta carrera en ocasiones.  Los interlocutores interceptados sabían antes de que terminara el plazo para solicitar la plaza que el anterior Fiscal Jefe no seguiría -mucho antes de la decisión del Fiscal General-, y tambien sabían que el actual Fiscal Jefe concursaba a la misma.  Quien más aspirara al puesto no importaba nada, como que el elegido fuera el más moderno de los aspirantes.   Luego que me cuenten lo del mérito y la capacidad, a ver si llego a entenderlo bien bien.  

martes, 24 de octubre de 2017

INFORME APIF SOBRE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO FISCAL

El Ministerio de Justicia va a modificar el Reglamento del Consejo Fiscal a fin de posibilitar el voto en todas las sedes de la Fiscalía, lo que indudablemente es algo muy conveniente que se pueda realizar.  Sin embargo, al margen de dar la APIF una valoración positiva a esa reforma, se ha solicitado al Ministerio de Justicia, así como en su día se solicitó al Consejo Fiscal que ignoró por completo nuestra petición, que se modifique el sistema electoral que ha consagrado el 6 y 3 durante más de treinta años, y que en nuestra opinión es la causa de que en el Consejo solo estén presentes representantes de las dos asociaciones mayoritarias que juntos no alcanzan en asociados sino un porcentaje muy bajo de los fiscales que formamos parte de la Carrera.  Además, interesamos en su día y reproducimos ahora, que se establezca un sistema de valoración de méritos para los nombramientos discrecionales, que se ponga en funcionamiento la Sección Permanente de Valoración, y que se establezcan incompatibilidades en los vocales que concurren en situación de ventaja con otros compañeros para puestos de libre designación.   Todo ello creemos que es necesario, pero ya se sabe que las mayorías minoritarias ni los Gobiernos en sintonía hasta ahora no manifiestan demasiado interés en cambiar cosas como esas.     Reproduzco a continuación el texto del escrito que la APIF ha enviado al Ministerio de Justicia.





EXCMO. SR.:

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con fecha 11 de octubre pasado ha sido requerida para informar sobre el borrador de un proyecto de RD que modificaría el RD 437/1983 sobre funcionamiento del Consejo Fiscal.  La APIF muestra su conformidad con el texto que se  nos remite en cuanto tal, pero consideramos que el mismo en modo alguno corrige los defectos del sistema de elección de los vocales del Consejo Fiscal sino que por el contrario perpetúa un sistema que es muy poco representativo de las sensibilidades de la Carrera Fiscal, y por tanto muy discutible en términos democráticos.   El actual sistema electoral de elección de los vocales no hace sino perpetuar la composición del mismo desde hace 30 años, desde la reforma del año 1987, por RD 572/1987, gobernando el Partido Socialista Obrero de Español, a fin de introducir una corrección al sistema absolutamente mayoritario que aparecía diseñado en el art. 14 del RD 437/1983, de 9 de febrero, mediante la limitación del número de candidatos al que los electores pudieren otorgar su voto de manera que la por entonces recientemente creada Unión Progresista de Fiscales no se encontrara de manera muy probable fuera del Consejo Fiscal. De esta manera se impuso la norma de la limitación de voto en relación con los puestos a cubrir, no permitiéndose que los electores pudiesen votar a más de seis candidatos en lugar de los nueve que podían ser votados hasta esa fecha.

El sistema, desde ese año, ha permitido que siempre haya seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, asociación de la que han salido varios fiscales generales del Estado elegidos por un Gobierno del Partido Popular y   cuyo anterior Portavoz hoy es asesor del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, y tres vocales de la UPF, asociación de la que algunos de sus portavoces han llegado a ser ministros del Gobierno de la Nación o Consejeros de Justicia autonómicos, siempre en Gobiernos en los que está presente el Partido socialista.   Creemos que el actual sistema mayoritario no satisface los criterios constitucionales de  proporcionalidad que establece el art. 68 de la Constitución Española, así como los criterios de representación proporcional que establece la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.   El sistema que ahora prefiere no modificarse es en opinión de la APIF la principal causa (con la elección gubernamental del Fiscal General) de que la Fiscalía española no consiga sustraerse a la politización que lastra su credibilidad y que ha sido reprochada en muchas ocasiones desde instancias nacionales e internacionales. 

La APIF adjunta con el presente escrito el documento que presentamos al Consejo Fiscal intentando sin éxito que las asociaciones presentes en dicho Consejo fueran sensibles a esta situación.   Ahora debemos reiterar en trámite de informe la conveniencia para el interés general en abrir el Consejo Fiscal a la Carrera Fiscal y no exclusivamente cerrarlo a dos asociaciones que no suman juntas ni el 25 por ciento de los fiscales de la Carrera Fiscal en el que proponíamos un sistema de recuento extraido de las reglas del sistema D´hont que rige en nuestra normativa electoral, con un artículo 25 que tendría la siguiente redacción:

Art. 25
Serán proclamados electos los nueve candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de producirse empate será preferido el de mayor antigüedad en la carrera y, si fuere igual, el de mayor edad. No obstante, si el empate afectara a candidatos de distinto sexo, y los de un mismo sexo no hubieran obtenido un mínimo del 40% de candidatos electos en el cómputo global, el empate se resolverá en favor del candidato perteneciente a ese sexo.

La proclamación de los candidatos será proporcional repartiéndose los vocales de la siguiente manera:
A.- La obtención de vocales se hará dividiendo el total de los votos obtenidos  por las distintas asociaciones que hubieran presentado candidatos por el total de votos emitidos. El coeficiente obtenido será el el porcentaje que corresponde a cada asociación en el Consejo Fiscal. El número de vocales adjudicado a la correspondiente asociación se obtendrá de multiplicar este porcentaje por 9 y dividirlo por 100. Tal número determinará el total de vocales por aproximación obteniendo un vocal más siempre que la parte decimal exceda de 5. (Por ejemplo 3,87 dará lugar a cuatro vocales, mientras que 3,4 dará lugar a tres vocales).
B.- Los vocales que serán nombrados, correspondientes a cada asociación, será por orden descendente en número de votos hasta alcanzar el número de vocales obtenidos.
C.- En el caso de candidaturas independientes obtendrán plaza como vocal en el caso de que el número de votos obtenidos alcance al menos 10 % del total de votos emitidos en cómputo nacional.

Desde otro punto de vista, creemos que debe rectificarse la norma que informamos para introducir en el funcionamiento del Consejo Fiscal criterios objetivos de nombramiento para los diferentes cargos discrecionales en la Carrera Fiscal, poniendo en funcionamiento la Sección Permanente de Valoración que se creó en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal en 2007, art. 13.2 y que todavía no tiene virtualidad práctica, de manera anómala aunque poco sorprendente en nuestra opinión.


Y debe, en los términos que señalamos en nuestro escrito adjunto, establecerse un régimen de incompatibilidades de los vocales electos para promocionar desde las votaciones en el Consejo Fiscal al que ellos mismos pertenecen.   Esa práctica lamentable que se confronta con la normativa administrativa (art. 23 de la Ley 40/2015) en un buen número de casos propicia situaciones de complicidades entre vocales del Consejo Fiscal con el Fiscal General en conflicto con su condición de representantes de los fiscales.  

Sin otro particular, reciba testimonio de nuestra consideración más distinguida.



Excmo. Sr. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia




martes, 19 de septiembre de 2017

EL VALOR DE LA LEY

España es un país complejo, con un pasado complejo y compuesto de territorios complejos.  Mucha gente piensa diferente y hay ideas diferentes para casi todo.   Tenemos coletivamente un pasado turbulento, con una terrible guerra civil cuyos ecos todavía se escuchan, y una dictadura muy larga de un tipo sanguinario que murió en el poder.    Además,  hemos visto como algunos de nuestros representantes políticos desde la Transición han perpetrado delitos de corrupción, han manipulado la Justicia, se han comportado en demasiadas ocasiones de manera indigna y no han actuado en beneficio de todos sino solo de algunos.   A pesar de todo ello, somos un país de los más desarrollados del mundo, gozamos colectivamente de derechos y libertades que en muchos otros lugares ni sueñan, y además tenemos paz.    La fuerza que está detrás de esas ventajas, de ese marco privilegiado de convivencia, es la ley.    Una ley que es democrática, con todas las imperfecciones que se quiera apuntar.   Pero si la ley emana de un Parlamento de todos, sobre la base de una Constitución votada por todos, la ley es legítima y hay que obedecerla.   Podría decirse que el respeto colectivo a la ley es garantía de seguridad y progreso en nuestro futuro y el de nuestros hijos.    Claro que hay leyes injustas y algunas personas en España han conseguido una protección superior que el resto frente a las infracciones de la ley.  Por eso hay que tener una actitud crítica hacia la ley, buscando su mejora, y siempre vigilante ante quienes tienen poder para abusar.    Y hemos de ser conscientes de que podemos cambiar las leyes (incluida la Constitución) para que sigan siendo expresivas de la voluntad colectiva, pero es difícil concebir una libertad para todos fuera de la ley.  

Los fiscales tenemos una vocación que puede sintetizarse en la de defender la ley y exigir su aplicación.   Todo el mundo tiene que respetar la ley, pero los fiscales trabajamos para exigir que la misma se respete, como garantía de la libertad de todos y de la existencia de nuestra democracia.   Hay gente que este oficio le gusta y gente que no, pero eso es lo que hacemos: estudiamos las leyes y exigimos que se apliquen.    Ello no es incompatible con que nos gusten mucho o poco los dirigentes políticos, los gobiernos, nuestros jefes en la fiscalía o la línea más o menos politizada de la institución.      Mas o menos lo mismo que pasa a numerosos ciudadanos.    Pero por encima de ello, los fiscales buscamos la aplicación de la ley que ha de hacerse siempre en la más justa de las interpretaciones.

Lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo, es indudablemente una cuestión política, pero ha llegado un punto en que por algunos (o muchos) se ha decidido quebrantar la ley y por eso la Fiscalía debe actuar.  La ley ha de ser protegida y ese es el trabajo de la Justicia, constituyendo un delito para un fiscal no perseguir los delitos que se comentan.   Para justificar la vulneración de la ley se habla de derechos internacionales o subyacentes, o derechos naturales a decidir; pero oigo esos argumentos mucho más desde sectores políticos concretos o desde la ignorancia de las normas, que desde ámbitos jurídicos.    En mi opinión, esos supuestos derechos chocan  con la ley (por lo que dificilmente son derechos reconocibles en Tribunales nacionales o internacionales), y eso como fiscal es lo importante, aunque también chocan con el sentido común: el derecho a decidir de algunos se enfrenta con el derecho reconocido en la Constitución a decidir de todos por lo que es dificil que el conjunto quiera reconocer ese derecho únicamente a un sector de la población.   De todos modos, aquí las razones políticas son muchas y muy diversas y todas son legítimas, pero hay que respetar la ley.


viernes, 8 de septiembre de 2017

NO HAY DOS SOBERANÍAS

Este no es un blog político ni tengo personalmente ningún interés en entrar en ese tipo de cuestiones. Pero lo que está ocurriendo en Cataluña, mi tierra, me llama a aconsejar a quien tenga dudas de qué hacer lo mismo que aconsejaría a mi hijo con independencia de las ideas políticas que puedan sostenerse.   Solo hay en España una soberanía, la del pueblo español.   La normativa que emana del Parlamento catalán, si contradice la Constitución española deja de tener validez si el Tribunal Constitucional suspende su vigencia.   Si eso ocurre ya no son normas vigentes, no han de ser obedecidas y su incumplimiento no genera sanción alguna para nadie.    Si alguien tiene la sensación de que la Fiscalía y la Justicia española no tiene músculo para perseguir a varios cientos (incluso muchos cientos) de funcionarios o cargos públicos, se equivoca.  Si alguien tiene dudas de buena fe respecto de qué hacer cuando tenga que afrontar el dilema que el Gobierno de la Generalitat esta planteando a funcionarios y cargos públicos, que tenga en cuenta que en juego está la inhabilitación y la responsabilidad civil, en el mejor de los casos y que estos no son delitos difíciles de perseguir.   Realmente me cuesta entender como unos políticos pueden llevar a la gente que cree en ellos por el camino de la desobediencia sin advertir de las consecuencias que de manera muy probable van a tener que afrontar.   Me da pena que se maneje así a la gente.
Por otra parte, he de señalar que la Fiscalía en esta ocasión ha hecho lo que tenía que hacer.  No hay sobreactuación.   Ha sido tan grosero el enfrentamiento con las leyes vigentes que no ha habido margen alguno para la interpretación legal.   Confío en que estas notas, que escribo desde el amor a Cataluña y Barcelona, mi tierra natal, ayuden a alguien a tomar la decisión correcta.  

domingo, 23 de julio de 2017

VOCALES DEL CONSEJO FISCAL Y REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES

Estoy un poco harto de ciertos hábitos que los vocales electos en el Consejo Fiscal tienen en su relación con las asociaciones que les proponen.   Si esas relaciones tuvieran únicamente por objeto canalizar a través del CF las aspiraciones de mejora profesional de los fiscales, las mejoras salariales, las mejoras en medios materiales o las injusticias que se padecen por muchos fiscales en repartos, en concursos de traslado o en retribuciones, pues yo diría que está bien.  Pero visto que en el CF ese tipo de cosas parece que importan menos y que las notas informativas de las asociaciones (sobre todo la AF, no recuerdo esta práctica publicitada por la UPF recientemente) se extienden justificando nombramientos pues creo que hay que decir algo.     Los vocales del CF, según su Reglamento, no están sometidos mandamiento vinculante alguno, y les vota toda la carrera se supone para que nos defiendan a todos.   Esos encuentros en los que se explica públicamente, como si eso nos favoreciera a todos, que se han reunido con los vocales de su asociación y en las que les explican cuales son los candidatos de su preferencia me parecen son como poco una intromisión ética que yo reputo intolerable para los vocales (me sorprende que estos acepten ese tipo de reuniones en las que se les proponen y discuten nombres y currículums cuando sus lealtades no han de estar con las asociaciones sino con los electores y de entre ellos con los mejores curriculums para cada puesto).   Para cosas como estas se estableció el delito del art. 428 del Código Penal.   Pero sobre todo, me parece increíble hasta donde ha llegado la falta de respeto hacia el resto de los fiscales por parte de sus representantes.

miércoles, 19 de julio de 2017

¿TRABAJAMOS PARA LOS BUENOS?

Son tantas las cosas que ocurren en la Fiscalía que uno no debería sorprenderse, pero es que lo del ascenso del Fiscal Jefe de Las Palmas a la plaza de teniente fiscal de la Secretaría Técnica, caliente todavía la sentencia que considera que vulneró los derechos fundamentales de una candidata al Congreso en periodo electoral, me deja otra vez con la boca abierta.   A veces me pregunto si la Fiscalía no la manipula desde fuera algún invisible "señor oscuro" con unas reglas ocultas.   Nada puede probarse, pero veamos algunos datos:

1) El 23 de noviembre de 2015 llega un documento anónimo a la Fiscalía de Las Palmas, del que la Fiscalía deduce que Victoria Rosell, juez en excelencia desde hace un mes y candidata de Podemos al Parlamento, podía haber cometido una infracción disciplinaria.
2) Para averiguar si es cierto se incoan en la Fiscalía Diligencias informativas, que tienen un contenido sustantivo importante, con aportación de grabaciones, testificales, documentos, etc..
3) El día 2 de diciembre, Victoria Rosell va a la Fiscalía a ver que pasa, que se ha enterado por la prensa, y le confirman la investigación pero no le dejan copia de las actuaciones.
4) A partir del día 3 aparecen en la prensa nacional y local informaciones y artículos de opinión sobre "la investigación de la Fiscalía a la candidata de Podemos": sin duda, la noticia deseada por cualquier candidato a unas elecciones a cuenta de la Fiscalía.
5) El día 4 de diciembre -después de las noticias filtradas- la Fiscalía informa a la opinión pública de que está investigando una infracción disciplinaria a la Juez.
6) El día 5 comienza la campaña electoral.
7) El día 11 se acuerda la suspensión de las Diligencias de la Fiscalía por el TSJ de Canarias,  pero ya es tarde, porque ese mismo día la Fiscalía las da por concluidas y las envía al CGPJ, competente para las sanciones disciplinarias de los jueces.
8)  El día 18 acaba la campaña electoral.

Se perfectamente, como todos los que trabajamos en la Fiscalía, que el periodo electoral es un periodo de ralentización de causas que afectan a políticos y a candidatos, con la finalidad de interferir lo menos posible en las elecciones.   Pues en este caso ocurrió lo contrario.   La APIF se escandaliza entonces, y pide la dimisión o el cese del Fiscal Jefe, y la Fiscalía General, dirigida entonces por Consuelo Madrigal, no contesta y mantiene al Fiscal Jefe.

Cuando el 7 de marzo de 2016 el TSJ de Canarias resuelve que se han vulnerado varios derechos constitucionales de la afectada, tampoco hay reacción alguna de la Fiscalía General, todavía dirigida por Consuelo, salvo la de recurrir la sentencia.

Uno en esa situación no puede por menos que pensar que el Fiscal Jefe de Las Palmas actúa concertadamente o a las órdenes de la Fiscalía General, dado que en la Fiscalía incluso  la apariencia de desobediencia se hace pagar muy cara, y si no que le pregunten a un joven Fiscal aragonés cómo  se lo hizo saber el ya ex Fiscal Jefe de Las Palmas desde su puesto en el Consejo Fiscal.

Si no hay reproche, sanción disciplinaria, remoción o nota de prensa, es que todo está en orden, es decir que la Fiscalía estaba de acuerdo.

Ahora, el Tribunal Supremo revoca parcialmente la sentencia del TSJ pero sigue reprochando a la Fiscalía que vulnerara los derechos a un justo proceso de la Sra. Rosell, con un fundamento jurídico que dice:

“es suficiente a efectos de este procedimiento de derechos fundamentales entender que las diligencias preprocesales practicadas, en los extremos que hemos indicado, menoscabaron con su realización la plena efectividad del derecho fundamental  un procedimiento con todas las garantías ( artículo 24.2 CE ) al invadir aspectos esenciales del procedimiento disciplinario reservado al CGPJ y vulnerar el derecho de defensa, y, en consecuencia, deben ser declaradas nulas en los términos razonados”.

Es evidente que la situación de ese Fiscal Jefe en Las Palmas, en este momento es insostenible.  Pero en lugar de que la institución mostrara algún tipo de reproche al afectado, va y lo premia.   Yo no lo entiendo: si alguien hace algo contrario a los hábitos de la Fiscalía (esté bien o mal, en campaña electoral la Fiscalía es muy prudente; además, no recuerdo un caso en investigar en la Fiscalía a un Juez por una infracción disciplinaria); y por si fuera poco, lo hace tan mal que la Fiscalía es condenada en los Tribunales, pues ¿como es que se le promociona?  ¿Es eso mérito y capacidad?  No lo creo.  Pero si el tema es que se confía en ese Fiscal, ya que el puesto al que va es de confianza, la cuestión me preocupa más.  Se confía más en quien hace estas cosas que en quien no las hace.  Mal asunto.   Y se constata, sin apenas margen para la duda, que lo ocurrido contó y cuenta con el apoyo de la institución.    El Consejo Fiscal, por su parte, hasta ahora y para no variar, silente.   Hay gente que no va a entender que todo esto se hace trabajando para los buenos. Supongo que los jueces harán algún comunicado denunciando la situación y nada, patada a seguir.  

SIEMPRE HAY ALGÚN IGNORANTE OPORTUNISTA

Una reciente sentencia del TSJ de Madrid resuelve un asunto muy importante para los fiscales, expresión de la clamorosa injusticia retributiva que padece en muchos aspectos la carrera fiscal ante la indiferencia del Consejo Fiscal, de la jerarquía y de las asociaciones mayoritarias.  Se trata de unos recursos que interponen unos fiscales de Málaga contra el régimen retributivo de quienes ocupando plazas de tercera pertenecen a la segunda categoría.   Quienes hemos estado al tanto de este asunto desde antes de su interposición sabemos que hay que mantener la discreción porque aparte de que los recurrentes que arriesgan su dinero, tienen también mucho que ganar y la batalla jurídica está todavía desarrollándose.   Pero algún oportunista que no sabe derecho administrativo alienta  a la extensión de efectos a los fiscales cuando para ello es preciso que la sentencia sea firme.   Lo que menos hace falta es que muchos fiscales vayan al TSJ a pedir extensiones de efectos poniendo en riesgo doce demandas más interpuestas por fiscales que han arriesgado dinero, tiempo e ilusiones.   Este es el mal de nuestra carrera, que hay demasiado oportunista a quien no le importan los problemas de los demás, solo sacar tajada del trabajo ajeno.

lunes, 10 de julio de 2017

LA SECCIÓN PERMANENTE DE VALORACIÓN (Y YO QUE CREÍ QUE NO EXISTÍA)

Cuando en 2007 se reformó el Estatuto del Ministerio Fiscal creándose en el seno de la Inspección la Sección Permanente de Valoración, la enmienda del PNV que hizo posible su incorporación al texto legal se fundamentaba así:


Por otro lado, la propuesta de creación de un Servicio de Valoración de Méritos obedece a que una unidad de estas características ha de servir para que los principios de mérito y capacidad, además de objetivación, dispongan de la necesaria virtualidad práctica que sirva de fundamento a las propuestas de nombramientos discrecionales que deba informar el Consejo Fiscal.

Ahora, ante la  petición de la APIF de que se constituya una Sección de Valoración de méritos, se contesta que ya existe.  Y que al parecer, funciona estupendamente. Se dice que el día 18 de diciembre de 2007 hubo un Consejo Fiscal para valorar la reforma y que el acta de la sesión refleja que "en el debate suscitado algunos de los vocales manifestaron su parecer de que no era propiamente una Sección para valoración de méritos, salvo en el aspecto de cumplimiento de los requisitos legales para ocupar la plaza ofertada".  Desde entonces la SPV funciona recogiendo toda la información que les mandamos los fiscales.  Como si se llamara "Sección Permanente de Recopilación",  potato potato, quien se va a quejar.  Es decir, que no se valora.  No hay baremos, no hay criterios de valoración. Hay recopilación de materiales del que quiera enviarlos.   Pero no valora entre otras razones porque en el Consejo Fiscal (nuestros representantes) no quieren que valore.   Es mejor que nada se valore aquí para que se pueda apoyar a los propios o denostar a los ajenos sin que haya demasiados argumentos de peso en contra.  Eso no lo quiso arreglar ningún Fiscal General anterior, porque tampoco les convenía: mejor para nombrar a los afines no tener que lidiar con currículums contrastados.   Cuanto menos razones objetivas para valorar el mérito y la capacidad, mejor.   Vaya nivel.















miércoles, 5 de julio de 2017

LOS QUE NO EXISTEN EN LAS QUINIELAS

Vaya por delante que me alegro por Alejandro Luzón y que creo que es un fiscal satisfactorio para Anticorrupción, con mérito para el cargo y que estoy seguro de que mejorara la Fiscalía.  Pero me irrita profundamente que se ignore a quienes se dejan las pestañas en el día a día de la Fiscalía, que son tan competentes como Luzón y que sistemáticamente, por capricho o por desinterés de los vocales del Consejo Fiscal y por el politiqueo en la Fiscalía, son ignorados.   Belén Suárez, la teniente fiscal, mucho más antigua que Luzón.   Teresa Gálvez, tan fundadora de la Fiscalía como Luzón, y con tanto mérito como él;  o Antonio Romeral, que lleva ni se sabe en la Fiscalía siempre con su buen trato  con todos.  Todos merecían un poco más de atención, de valoración y de respeto, y menos votación a bloque cuando lo que se presentan son fiscales de uno en uno.   No hablo de Jesús García Calderón porque no es del tipo de trayectoria la suya de la que hablo ahora, con todo respeto.  Hablo de los preteridos en un sistema en el que de manera consciente se omite valorar los méritos de los fiscales por la propia institución.   Desde luego, las esperanzas de que el actual FGE cambie algo importante en la institución ya las he perdido.   No las pierdo de que la Carrera Fiscal exprese de una vez su hartazgo ante tanto desaire.

jueves, 29 de junio de 2017

CONFERENCIA DE CONSUELO MADRIGAL

Hace un par de días, en un acto organizado por Hay Derecho y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y celebrado en el Colegio Mayor San Pablo, Consuelo Madrigal dijo algunas cosas importantes sobre la Fiscalía que ha de venir.   Me sorprendió en primer lugar la ausencia casi absoluta de fiscales, en contraste con la corte que arrastraba hace solo unos meses cuando era Fiscal General.  Y tengo que decir que ellos se lo perdieron, porque dijo cosas mucho más interesantes de las que decía cuando era la jefa del Ministerio Fiscal.
Habló de las cosas que defiende la APIF  y que se llevan diciendo en este blog desde hace casi una década, y las dijo de corrido, sin leer, bien aprendidas las tenía, hasta el punto de preguntarme cómo era posible que la APIF pidiera su dimisión cuando estaba en el cargo.   Claro que entonces no las decía, ni las hacía.  Pero lo importante es que está ahora recuperada para la causa y eso es una buena noticia ya que Consuelo es una buena fiscal que puede hacer mucho bien si se lo propone.
Veamos:
Habló de la conveniencia de que el Fiscal no fuera elegido únicamente por el Gobierno, siendo precisa la intervención del Parlamento de alguna manera.   Habló de la realidad de que el ejecutivo tiende a extender sus poderes donde no debe, y en concreto también en la Fiscalía.  Explicó que era preciso introducir baremos de mérito y capacidad para los nombramientos.  Habló de vincular a los fiscales a los casos que llevan para protegerlos frente a interferencias de sus superiores (¡con un par!); habló de la necesidad de regular las relaciones entre el Fiscal General y el Gobierno preservando la independencia de nuestra institución, defendió un presupuesto propio para la Fiscalía y abogó por que la transparencia fuera una señal de identidad de la Fiscalía, lo que si no ocurría en este momento es porque el Ministerio no daba los medios para ello.
Un día me gustaría escuchar públicamente su versión sobre las razones por las cuales considera que no fue renovada.   No basta con que se sepan a través de la prensa, es preciso que nuestro país sepa de primera mano como están las cosas con la Fiscalía y el Gobierno y ese sería un buen servicio a prestar.  En todo caso, el gesto que parece que tuvo al no pasar por algunos nombres o por algunos cambios en Fiscalías le coloca en lugar de mérito en la lucha por una Fiscalía moderna y estoy feliz de que sea así.
En suma, creo que hemos recuperado a Consuelo para la causa de la Fiscalía moderna y yo me alegro de verdad.   Si la llegamos a recuperar unos meses antes, a lo mejor algunos fiscales no hubieran sufrido tanto y hoy la institución estaría un poco o mucho mejor.   Pero en esta lucha por la Fiscalía independiente, Consuelo Madrigal es un gran activo si quiere dar la cara abiertamente y sin tacticismos.   Ahora es totalmente libre, tiene influencia y sabe de lo que habla.    Ahora vale mucho la pena escuchar lo que dice.

miércoles, 21 de junio de 2017

BUSCANDO JEFE PARA ANTICORRUPCIÓN

Me hace gracia la candidatura de Pedro Crespo, Fiscal de Sala Jefe de lo Contencioso, para Anticorrupción, ya que si un cómico malévolo hubiera diseñado una maniobra para complicar el mandato del Fiscal General no se le hubiera ocurrido nadie mejor.   En Parcent se esfuerzan en sondear y sondear a fiscales que pudieran hacerles salvar la cara (se nota la mano de Frias).   Unos dicen que no, otros se preocupan cuando consultan como afectaría ese puesto a su vida, y quizá haya finalmente algún candidato o candidata que les haga caso.  Pero ninguno tiene hoy el peso profesional, salvo quizá la ex Fiscal General, para  batir a Pedro Crespo en esa plaza salvo perpetrando en el Consejo Fiscal una de esas con las que nos deleitan de tanto en tanto.  El problema es que Crespo pertenece al ala progresista de la Carrera, es decir, no es un tipo previsiblemente dócil ni para Manuel Maza ni para el Sr. Ministro, y el hecho de que pida la plaza a mi me parece que revela que tiene apoyos bastante sólidos, incluyendo su gran relación con el actual Inspector Fiscal, antiguo subordinado suyo.   Y si como han demostrado, afrontando incluso una reprobación del Parlamento, Maza y Catalá tienen clara su voluntad de que "esa colina" no se escape, la situación tiene mucha gracia desde fuera.    Va mi apuesta: yo creo que la Asociación de Fiscales afín al PP, que en el Consejo Fiscal anterior apoyó a Moix -como quería el FGE y el Gobierno- ahora apoyará a Alejandro Luzón, al que concederán todas las cualidades que antes no apreciaron;  y que por el contrario, la UPF que entonces apoyó a Alejandro Luzón, ahora apoyará a Crespo.  Y todos se olvidarán de la mejor candidata que en mi opinión -parcial, es cierto, pero sincera- es sin duda Teresa Gálvez.   Este culebrón seguirá, y no me sorprendería ver de nuevo al Fiscal General explicandose en el Parlamento. Son las cosas que tiene el no valorar los méritos profesionales.