LA POLITIZACIÓN DEL CGPJ NO ES BUENA PARA LA JUSTICIA

Como anunciamos en fechas pasadas, ayer tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, con gran éxito de asistencia y participación, un interesante encuentro organizado por la asociación Justicia y Opinión, siempre diligente en abordar cuestiones de actualidad. El tema de discusión versaba sobre la existencia o no en España de diferentes varas de medir, de diferentes clases de justicia para ricos o poderosos y para pobres. Y el debate derivó hacia una importante cuestión: si la politización del Consejo General del Poder Judicial, cuestión sobre la que parecía haber acuerdo entre los asistentes, se terminaba reflejando o podía determinar de manera indirecta en el resultado de causas concretas, de las que afectaban a poderosos de manera especial. Mi opinión es que el riesgo existe. Y otros sostenían que ello no es posible debido a que el poder judicial reside en los jueces y no en el Consejo, estando aquel invulnerable a la politización del Consejo.

Yo creo que esta última respuesta es la de manual, la que nos hemos acostumbrado a oir para justificar la politización del Consejo. Pero si eso fuera así habría que preguntarse para qué los partidos políticos quieren controlar el Consejo del Poder Judicial. ¿Que interés tienen, en ese caso? ¿Se trata acaso de una insólita demostración de fuerza política sin que luego les vaya a servir para nada? ¿Se contentan con gobernar en el Consejo por el mero lujo de gobernarlo y sin que el gobierno de los jueces tenga efectos prácticos de ningún tipo? Si eso es así quedan sin explicar las razones del boicot -de casi dos años- a la renovación, las luchas políticas por los nombramientos, los cambios de normativas en el Consejo y tantas otras cosas. Pero es que la afirmación de que una actuación partidaria desde el Consejo (y es de lo que estamos hablando, no de una actuación imparcial), no puede llegar a influir en el devenir de ciertos asuntos concretos termina con la justificación de su misma existencia: el Consejo se crea para sustraer al Ministerio de Justicia las competencias de Gobierno del Poder Judicial; para resaltar su carácter de poder del estado y para evitar su influencia sobre los jueces. Pero si el Ministerio puede potencialmente influir, ¿porque no puede hacerlo un Consejo politizado?. Por ello, hace un par de dias, desde una tribuna de El Pais se ha sugerido la desaparición misma del Consejo.

La influencia del órgano de gobierno sobre las decisiones de los gobernados no es una cuestión que pueda ser descrita en blanco o negro: aquí los matices son importantes. La politización del Consejo, ahora mismo, es demasiado visible, demasiado explícita. Y vehículo de esa politización lo han sido algunos jueces, algunas asociaciones de jueces. Solo eso ya es grave. Pero lo que consideramos esencial es que el Consejo proteja la independencia de los jueces desde una posición de neutralidad política. Y es que en caso contrario siempre existirá la sensación de que no se va a proteger y a respaldar igual a los jueces que estime afines a sus posiciones partidistas que a los de signo contrario; no les considerará a todos iguales, a todos dignos de igual protección. Y ello coloca en posición de mayor vulnerabilidad a unos jueces que a otros. Hemos visto ejemplos en el pasado, así que es difícil sostener que el riesgo, al menos el riesgo, no existe.