¿PERO HACIA DONDE VA ESTO?

Quienes luchan contra la corrupción desde la Policía, desde la Fiscalía y desde la Judicatura, deberían estar absolutamente blindados frente a los ataques de los investigados, y también de los partidos políticos y de sus influencias.   Lo que para los Jueces parece sencillo, porque forma parte de su estatuto como Poder Judicial, ha de garantizarse también para fiscales y muy en particular para los investigadores, para la Policía y la Guardia Civil.   En la Fiscalía y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay dificultades dada la estructura jerárquica de los cuerpos: si los jefes son nombrados por los políticos, los subordinados tienen problemas para investigar a esos mismos políticos.  Pero las dificultades son conocidas, y hay que luchar por vencerlas: hay que crear un estatuto especial protegido para los investigadores de delitos de corrupción.   Que un investigado pueda querellarse contra un policía por calumnias, en razón a un informe que realiza ese policía requerido por el Juez y no haya mecanismo alguno de protección procesal para ese funcionario es absurdo: si el informe es falso o malintencionado es algo a dirimir dentro del proceso en el cual se aporta, no fuera.  Ese funcionario ha de ser protegido por el Juez y por el Fiscal, si no queremos que el miedo se instale en los investigadores de esos delitos y se merme su eficacia.  Y además, ha de establecerse un protocolo de protección de esos funcionarios.   Si a los sacrificios que supone la investigación de estos delitos, la presión que hay que soportar, y las opciones beneficiosas profesionalmente que de vez en cuando se ofrecen como puerta de salida a los investigadores molestos, se suma la posibilidad de tener que pagarse un abogado para defenderse de las imputaciones de las personas mencionadas en los informes policiales, pues apaga y vámonos.