miércoles, 17 de mayo de 2017

REPROBACIÓN PARLAMENTARIA AL FISCAL GENERAL

Algo está cambiando para bien.  El hecho mismo de que el Congreso por una mayoria importantísima haya hecho una reprobación al Fiscal General elegido por el Gobierno tiene una relevancia extraordinaria.   Hemos vivido desde la Transición con Fiscales Generales que, por razon del bipartidismo, solo podían ser reprobados por el Gobierno (hasta 2007 podían ser -y en ocasiones, lo fueron- libremente removidos por éste).  En esos días, cuando un Fiscal General se sentaba delante del Ministro lo hacía con la conciencia de que su cargo estaba en el aire en función de lo que el Gobierno del Ministro decidiera con lo que su autonomía estaba limitadísima.   En 2007 -merced al impulso del Fiscal Conde Pumpido- cambió el sistema hacia una inamovilidad del Fiscal General durante la legislatura, de manera que en el plano teórico el Fiscal General no puede ser cesado -salvo por causas específicas- por el Gobierno que le nombra.   Digo teórico, porque el Gobierno conserva instrumentos poderosos para condicionar el actuar de los Fiscales Generales -a quienes elige por razones de confianza, o de "mucha" confianza- que de hecho pueden forzar su dimisión, como vimos ya hace un par de años.   Por ejemplo, el Gobierno controla y proporciona los medios materiales y personales de la Fiscalía, hace los nombramientos que le propone el Fiscal General -y puede rechazar las propuestas-, tiene la última palabra en el régimen disciplinario de los Fiscales, entre otras cosas que prefiero no recordar ahora.

Pero ahora -venturosamente- entra otro sujeto político en escena, a mi juicio mucho más legitimado que el Gobierno para examinar la labor del Fiscal General que es "del Estado", no "del Gobierno".  Ese sujeto es el Parlamento, el Congreso de los Diputados, que además parece que se interesa por la Fiscalía y por la Justicia.   Si el Fiscal es el órgano encargado de velar por que la ley se aplique en los Tribunales, el poder legislativo que hace las leyes tiene que tener un vínculo claro con la legitimidad del Fiscal General.   Un reproche de esa magnitud hacia el Fiscal General por parte de todos los grupos parlamentarios salvo el que sostiene al Gobierno, es para reflexionar sobre legitimidades, sobre el acierto o no de la actuación del Fiscal General y sobre la posibilidad de abandonar.  Desde mi punto de vista, esta no es cuestión de coraje personal, de ser un valiente dispuesto a luchar como los últimos de Filipinas.   Es una cuestión relacionada con el prestigio de la Fiscalía.    De reflexionar si esos nombramientos, por mucha confianza que se tuviera en ellos, no han sido un catastrófico error -previamente advertido internamente- para el Ministerio Fiscal, con independencia obviamente de la competencia que yo no discuto de cada candidato; si el sistema de nombramientos, sin baremos ni evaluación de méritos, no facilita ese y otros errores; si no politiza y desacredita a la institución el confiar para estos nombramientos en los apoyos de los vocales en el Consejo Fiscal de la asociación conservadora, que al tiempo que votan a quien el FGE desea para la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, dándole así una "legitimidad" que luego se esgrime como un aval, se ven favorecidos por el FGE en puestos importatísimos tanto una vocal del mismo Consejo (para mi, el mayor escándalo) como el propio Portavoz de esa asociación, elegido en competencia con media docena de fiscales más antiguos que él, incluído el Fiscal Jefe anterior.

Y si a todo se considera que no, que no ha habido errores, que no importa que no haya baremos aunque la ley establezca un órgano -que no se crea- para realizarlos, que es igual el precio que se pague por los votos que se consideran necesarios en el Consejo Fiscal, que no  importa que se fastidien los fiscales con méritos no valorados, que no se ha politizado la Fiscalía y que toda la oposición parlamentaria en realidad está equivocada, pues nada, a seguir.

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